Portavoz del Grupo Municipal del PSOE
Ayuntamiento de Molina de Segura
Se cumplen 35 años de la celebración de las primeras elecciones municipales libres después de recuperada la democracia en 1978. En ese momento, la ciudadanía y sus representantes políticos ocuparon las instituciones municipales, contribuyendo al cambio de sistema político en España, cambio larvado décadas antes en la lucha de miles de personas en ciudades y pueblos contra el régimen dictatorial del General Franco.
Los ayuntamientos no tienen prioridad en la agenda política, social ni gubernamental en nuestro país. La conmemoración de este trigésimo quinto aniversario, además de despertar escaso interés mediático y político, se tiñe de negro al venir marcada por la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Con esta norma, el Gobierno del PP, amparándose en el recurrente pero débil pretexto del equilibrio presupuestario, frena en seco tres décadas de legislación, de acción política y de participación ciudadana en la construcción, el progreso y la consolidación de la democracia local en nuestro país.
Esta Ley, en línea con la histórica acción gubernamental reaccionaria de la derecha, declara sin rodeos cuál es la intención del PP: pone en minúsculas y minimiza el gobierno municipal, pone en mayúsculas y recalifica la administración y la burocracia, y pone en negrita la privatización de los servicios públicos municipales. Es tan evidente este interés que ya en su tercer párrafo (Preámbulo) la ley deja claro entre sus objetivos el más político: "favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas", toda una enmienda a la totalidad a tres décadas de municipalismo. Los Ayuntamientos pasan de ser una institución política, económica y social representativa de la ciudadanía y del territorio, articuladora de la convivencia y prestadora de servicios básicos de proximidad y a las personas para convertirse en instrumentos meramente económicos y diría que casi empresariales y, por tanto, debiendo de ser administrados desposeídos de todo carácter público, sea político, educativo, social o de desarrollo local.
Lo que está en juego es la forma en que construimos nuestra convivencia, es decir la base misma de la democracia. El PP ha elegido hacerlo principalmente desde la perspectiva de los intereses económicos de terceros, añadiendo otro condimento, el local, al cóctel del reformismo proclamado (laboral, estabilidad presupuestaria, recortes de derechos y recursos en la educación, la sanidad y el bienestar social públicos), promoviendo así no un cambio dentro del sistema político, sino poniendo los cimientos de un cambio de sistema; es decir, no una reforma o rehabilitación del edificio democrático y constitucional que nos hemos dado, sino un derribo del mismo para sustituirlo por otro incluso modificando sus cimientos, sin el consentimiento ni el consenso social, político, jurídico ni territorial.
Durante siglos, los municipios se han ocupado en administrar el territorio o tierras al servicio de otros (señores o coronas), en administrar el capital físico al servicio de otros (caciques o capitalistas), en administrar el capital financiero al servicio de terceros (conglomerados empresariales o corporaciones económicas); cuando lo que realmente hacen los Ayuntamientos es, o debería de serlo, ocuparse por primera vez no de los intereses de otros, sino de los propios que formamos la comunidad local, es decir, ocuparse del bienestar y la felicidad de sus habitantes, de sus vidas, de su suerte, de sus trabajos, de su vivienda, de su salud. Ninguna otra administración se ocupa de estas cosas como lo hacen los Ayuntamientos. Esto ha abierto en Europa, hace tres décadas, el camino a un nuevo bautismo municipal, a las ciudades con apellido: ciudad educadora, eco-ciudad, ciudad saludable, cittaslow o lentas, smart city o ciudades inteligentes o eficientes, etc.
Son caminos abiertos para profundizar en una democracia municipal al servicio del bienestar de las personas y que genere un crecimiento sostenible, inclusivo y eficiente. Es el ADN de la democracia. No habrá recuperación ni desarrollo expulsando a los municipios del terreno de juego, devaluando los derechos ciudadanos o devaluando los Ayuntamientos y la democracia municipal. Esta es la razón de fondo que ha movido a más de 2.300 Ayuntamientos, representando a 16 millones de habitantes, a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la antedicha Ley. Razón que también ha movido a las fuerzas parlamentarias, salvo al PP, a gobiernos autonómicos y a Comunidades Autónomas acudir en defensa de la causa municipal, presentando también su correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional.
Aunque el Gobierno de Rajoy haya vaciado el embalse de la democracia municipal, dejando a la vista un árido panorama y se empeñe en degradar a los municipios, la democracia local emergerá a la superficie de las calles, barrios y ciudades; se abrirá paso a través de esta desértica capa neoliberal que nos envuelve en forma de papel celofán.
Somos millones de ciudadanas y ciudadanos, concejalas y concejales, asociaciones, ONG, empresas municipales, mancomunidades y cooperativas de servicios, PYMES y autónomos que trabajan a diario codo con codo con los municipios, quienes seguiremos reivindicando el imprescindible e insustituible papel que desempeñamos en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria; quienes exigiremos contar con representantes municipales honestos y que miren únicamente por el interés general; quienes lucharemos contra la corrupción desde los Ayuntamientos; y quienes defenderemos que se pongan y presten los servicios públicos municipales de proximidad y de calidad al servicio de las personas, especialmente de quienes más lo necesitan en nuestra ciudades y pedanías. Participación, transparencia, apertura y compromiso desde la base de la democracia local, desde las ciudades y pueblos, son la mejor respuesta a la crisis de valores, económica, política y de las instituciones representativas que atraviesa nuestra sociedad.