Una propuesta de contratación municipal socialmente responsable

El Grupo Municipal del PSOE lanza una propuesta para que la contratación pública del Ayuntamiento se ajuste a criterios socialmente responsables. El objetivo es comprometer al Ayuntamiento con la inclusión social, crear empleo entre quienes tienen más dificultades y luchar contra la desigualdad.

Antonio Gomariz, Portavoz Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Molina de Segura, sostiene que incorporando las cláusulas sociales en la contratación municipal colocamos la facultad que tiene el Ayuntamiento de realizar contratos públicos al servicio de los molinenses de forma más justa y más cercana a sus problemas, como ya hacen muchos Ayuntamientos, Comunidades, empresas públicas y en muchos ámbitos

Asegura que hay instrumentos que el Ayuntamiento no utiliza para luchar contra las graves dificultades económicas y sociales de miles de molinenses, como las alternativas derivadas de una contratación municipal socialmente responsable. Esto implica intervenir en la vida económica y social de nuestro municipio a través de los contratos públicos ajustados a consideraciones de tipo social, algo contemplado en la ley, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro y ofrecer oportunidades a quienes el mercado no tiene en cuenta.

La contratación pública no es un fin en sí mismo sino un instrumento público al servicio del cumplimiento de las políticas públicas y la ley permite canalizar los fondos de los contratos públicos teniendo en cuenta un compromiso social del Ayuntamiento, que permite la normativa.El Grupo Socialista ya planteó en marzo la creación de una empresa municipal de inserción, rechazada por el PP.

Las cláusulas sociales se pueden incluir comorequisito previo,como elemento de valoracióno como una obligacióndel contrato, algo muy importante por el papel y potencial que tiene la contratación municipal sobre la economía local (supera ya los 5 millones de euros en 2013).

Se puede señalar legalmente la preferencia para contratar ofertas que sean más ventajosas desde el punto de vista social y medioambiental, para empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%, las dedicadas a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, entidades sin ánimo de lucro u organizaciones de Comercio Justo

Defendemos que se delimiten exigencias en la ejecución de los contratos, como la obligación de dar trabajo a desempleados de larga duración; medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; contratar a un número de personas discapacitadas; o que los trabajadores vinculados a la ejecución se encuentren en situación de exclusión social.

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