Con la Orden de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, por la que se dictan las medidas fitosanitarias a adoptar en caso de acumulación de restos vegetales, su artículo número uno queda redactado en los siguientes términos: “Queda prohibida la quema de rastrojos y demás restos vegetales procedentes de la poda, excepto por razones fitosanitarias acreditadas”.
Desde VOX Molina se afirma que en el Pleno del pasado 24 de febrero de 2020 se aprobaron unos acuerdos que pasaban por informar sobre estas prácticas, promover desde el ayuntamiento la trituración de poda con medios propios o externos, poner en marcha mesas de trabajo para regular la recogida, el tratamiento y la gestión de poda urbana y agrícola, así como la creación desde la Comunidad Autónoma de un plan integral para la gestión de poda y jardinería. Dichas mesas están formadas pero aún no se sabe cuándo podrá estar terminada la ordenanza que regule todo lo referente a esta problemática.
Debido a que los agricultores denuncian montañas de restos de poda en sus tierras dando origen a plagas, con el riesgo que ello supone para sus producciones e imposibilitando que puedan preparar sus tierras para nuevas plantaciones. Se sienten “desesperados” por no poder quemar sus rastrojos, aseveran.
Además, se encuentran también con pedanías en las que los vecinos no disponen de sitio o lugar adecuado para depositar los restos de la jardinería o pequeñas podas lo que ocasiona en numerosas ocasiones que se deposite junto a los contenedores de resto acumulándose durante semanas siendo este lugar frecuentado por ratones y garrapatas.
Por todo lo anterior, desde el GM VOX Molina de Segura se insta al Ayuntamiento de Molina a que ayude a todos estos agricultores y ciudadanos con el mismo problema, instalando contenedores para este fin en las pedanías de Molina mientras se consigue aprobar la referida ordenanza.
Dichos contenedores solo estarían destinados a depositar los restos de poda y jardinería para su posterior recogida y compostaje, evitando así la quema de los mismos y los problemas de suciedad viaria; así mismo, solicitan la reposición de los contenedores rotos y en malas condiciones tanto de reciclaje como de resto, así como adecuar cada punto a las necesidades de los vecinos, reponiendo aquellos que se llevaron hace meses y no han restablecido, comenta su portavoz Antonio Martínez.
DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA
VOX ha presentado en la mayoría de los ayuntamientos de la Región una moción en defensa del derecho a la educación y libertad de enseñanza.
El pasado 19 de noviembre se aprobó en el Congreso, con el voto favorable de partidos socialistas, comunistas y separatistas un proyecto de reforma de la Ley de Educación que ataca abiertamente el régimen de conciertos educativos y ayudas a los colegios privados. Un proyecto de Ley que constituye así el mayor recorte de derechos educativos de la democracia y que atenta directamente contra el derecho a la educación de cientos de miles de alumnos.
“Ante la ofensiva de la extrema izquierda y del separatismo contra el derecho a la educación de las familias y alumnos españoles, esta Corporación no puede permanecer ajena y debe manifestar su apuesta por la libertad ideológica, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad educativa en el respeto a los principios constitucionales”, ha afirmado el edil.
La moción de VOX pide que la corporación municipal manifieste su rechazo a las restricciones masivas de derechos anunciadas por la llamada Ley Celaá, de modificación del sistema educativo en España, así como su expreso apoyo al mantenimiento y, en su caso, mejora del régimen de conciertos educativos como mecanismo para garantizar el derecho a la educación y el pluralismo político.
La moción también aboga por comunicar al Consejo de Gobierno, la petición de este Municipio para que, de modo inmediato, dicte una norma para ampliar la duración de los conciertos actualmente vigentes en el doble de su período inicial hasta un máximo de diez años.
Igualmente, pide aclarar que la ampliación del plazo de duración del concierto educativo sea a instancia del propio centro educativo "sin que la eventual aprobación de la nueva Ley Celaá pueda expoliar los derechos al efecto concedidos", ha enfatizado el portavoz.
