Molina de Segura, 11 de enero de 2025.- Más de un millar de personas han recorrido esta mañana el centro de Molina de Segura en una multitudinaria manifestación contra la instalación de una planta de biogás en el Polígono Industrial La Polvorista, en las inmediaciones de la localidad. La marcha, que ha culminado en la plaza del Ayuntamiento, ha contado con una importante asistencia tanto de miembros de la Dirección Regional, entre los que se encontraba su coordinador regional, José Luis Álvarez-Castellanos, como de la asamblea municipal de Izquierda Unida-Verdes.
En sus declaraciones ante los medios, Álvarez-Castellanos ha destacado la relevancia de la movilización ciudadana y la legitimidad de las protestas frente a "un Gobierno Nacional que hace oídos sordos a las demandas de la población". A su vez, ha reiterado el compromiso de Izquierda Unida-Verdes con la regulación de este tipo de instalaciones: "Desde el Grupo Mixto de Izquierda Unida-Verdes y podemos hemos planteado varias iniciativas parlamentarias para frenar estos proyectos que solo benefician a grandes intereses empresariales".
El líder de IU-Verdes ha calificado de "inadmisible" la ubicación propuesta para esta planta en Molina de Segura, al situarse "a apenas 700 metros de un colegio, a 1.300 metros de la Universidad de Murcia y a menos de 400 metros de núcleos urbanos". Además, ha denunciado que estas instalaciones representan un riesgo ambiental y sanitario significativo: "Son contaminantes, empeoran la calidad del aire, generan partículas nocivas, y producen un gas inflamable cuya utilidad para la transición energética es cuestionable".
Álvarez-Castellanos ha defendido la necesidad de apostar por alternativas energéticas verdaderamente sostenibles, como la eólica y la solar, en lugar de proyectos de biogás que considera "un pretexto para beneficiar al lobby gasista en España". Según ha señalado, este modelo "no tiene relación con una economía circular real, como pretende justificar el Gobierno".
Finalmente, ha subrayado que los proyectos de biogás solo son justificables si están ligados a producciones limitadas y con un impacto definido, como el tratamiento de aguas residuales o de residuos, y ha asegurado que el modelo actual "ignora las demandas de la ciudadanía y prioriza intereses corporativos sobre los derechos de los vecinos y vecinas de nuestra región".