El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, junto al concejal de Seguridad Ciudadana y Policía Local, Antonio Martínez; el edil de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Fran Hernández; la concejala de Urbanizaciones, Paloma Blanco, y la presidenta de la Entidad Urbanística de Montepríncipe, María Trives Cano, han visitado esta tarde el cuartel de Policía Local con motivo de la entrada en funcionamiento de la pantalla de visionado de las cámaras de vigilancia de la urbanización Montepríncipe.
El Ayuntamiento de Molina de Segura firmó un convenio con la entidad urbanística colaboradora de Conservación Montepríncipe en enero de 2023 para la instalación de una red de video vigilancia para la prevención y mejora de la seguridad ciudadana en la zona. Actualmente hay instaladas en la urbanización un total de 15 cámaras de video vigilancia fija de grabación de imágenes.
El regidor molinense, ha explicado que "los agentes de la Policía Local son los encargados del visionado y custodia de las imágenes que aporta el sistema, siguiendo escrupulosamente el protocolo establecido para este tipo de vigilancia. Este sistema de video vigilancia complementa la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en tal sentido, queda justificada su instalación, garantizando en todo momento los derechos y libertades de la ciudadanía". José Ángel Alfonso ha señalado que "el objetivo final es incrementar la seguridad en la urbanización, evitando robos y agresiones que causen sensación de inseguridad, alteraciones del orden público, riñas y daños ocasionados, entre otros, por actos vandálicos".
Por su parte, el edil de Seguridad Ciudadana, Antonio Martínez, ha indicado que, "tanto por parte deel Ayuntamiento, como por parte de la EUC Montepríncipe, se está dando cumplimiento a las exigencias establecidas legal y reglamentariamente, como la utilización con fines exclusivamente de protección de los edificios e instalaciones públicas y sus accesos, constatar infracciones a la seguridad ciudadana y prevenir la causación de daños a las personas y a los bienes, información pública, así como la conservación de lo grabado y su posterior destrucción en el plazo de un mes".